En nuestro país se habla un idioma, el español, pero si ahondamos más en nuestra historia lingüística nos daremos cuenta que siguen en uso a lo largo de la república 56 dialectos, de los cuales se generan variantes dialectales que en conjunto suman ochocientas.
¿En México cuántas personas realmente conocemos nuestros derechos y obligaciones en español? Posiblemente en las clases de civismo nos mencionaron algunos preceptos básicos que a estas alturas ya olvidamos. Podría ser que los expertos abogados los tengan muy presentes dado que son parte de su estudio, pero pongámonos a pensar en las minorías que no hablan el español y sí hablan algún dialecto ¿cuántas personas indígenas conocen sus derechos y obligaciones? Sin duda, pareciera que existen dos sistemas de justicia, el formal que conocemos las personas de ciudad que sabemos leer y escribir y hablamos el castellano y la de los indígenas que hablan su lengua madre. Concretamente esta inconsistencia jurídica tiene tres variantes importantes: la falta de capacitación de personal bilingüe de las procuradurías de los estados que ayuden a difundir en las comunidades indígenas sus derechos y obligaciones, personal que en su momento y de ser necesario funja como intérprete en el proceso judicial donde algún miembro indígena se vea involucrado, la falta de información y capacitación de ciudadanos interesados en hablar un dialecto y evidentemente la lentitud del apoyo del gobierno federal para que cada estado cuente con intérpretes certificados.
Es común oír decir que hay peritos traductores de inglés, pero no es común escuchar “perito intérprete de náhuatl”, por citar un ejemplo; razón por la que es evidente que impera el desinterés de los abogados o de los empleados del poder judicial por capacitarse. El personal de las procuradurías se involucra en talleres de sintaxis, talleres de redacción, cursos de actualización legal, pero escasamente ha incursionado en materia de dialectos y formación de especialistas bilingües. Un avance de orgullo nacional se remite al estado de Veracruz donde se capacitaron cuarenta y dos intérpretes de náhuatl, pero en este estado se hablan seis dialectos más, entonces ¿dónde quedaron los intérpretes de los otros seis dialectos?. En Jalisco se han presentado dictámenes de iniciativas al respecto de diputados de la Comisión de Asuntos indígenas del Congreso de Jalisco, la pregunta es ¿cuándo van a aprobarse? Es claro el desinterés de las autoridades por hacer del conocimiento de toda la ciudadanía los derechos básicos. Cabe decir que somos novatos en este rubro, pareciera que es más conveniente tener el control de la democracia en nuestro idioma que tomarnos la molestia de poner la ley también al servicio de los indígenas y sus dialectos.
En cuanto a la falta de información y capacitación de ciudadanos interesados en hablar un dialecto hago una pausa personal. Un día luego de escuchar una nota informativa acerca de que un indígena de Zongolica había purgado una condena en prisión por el hecho de no tener un intérprete que le explicara su situación legal me interesé por ir a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas a informarme acerca de los cursos que daban de náhuatl, la sorpresa fue que el curso se abre anualmente y apenas era el mes de julio, por supuesto que mi intención era capacitarme de manera bilingüe para servir voluntariamente en esas comunidades explicando a los indígenas los lineamientos que ambos compartimos y hasta fungir como intérprete de ellos en algún asunto legal, por supuesto que se vislumbra que no hay demanda del público en general de conocer un dialecto, se refleja la falta de interés de la ciudadanía de apreciar algún dialecto, aun así, pareciera que al apartado legal no le gusta mucho la iniciativa de escasos ciudadanos, el punto es que si su personal no se interesa o nos los presionan a capacitarse en ese asunto qué hay de malo en que un individuo quiera participar por interés propio. ¿Acaso se sienten muy capaces estas instituciones? Debo comentar que esta academia tiene relación con la Procuraduría de Veracruz y que según la fracc.XV del art.4º del Decreto que crea dicha academia, señala que es una de sus funciones auxiliar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz y al poder judicial en cada uno de sus órganos que los componen en la integración de las investigaciones ministeriales y/o de los procesos penales que instauren o que se encuentren en proceso en contra de indígenas para el efecto de elaborar la traducción o interpretación de lo que expresen estos últimos en sus declaraciones, así también mediante la firma de convenios de capacitación para el conocimiento y dominio de las lenguas indígenas y sus variantes dialectales. Se vislumbra claramente que esta academia tiene misiones importantes en materia de interpretación de dialectos, pero por otra parte no tiene oferta para la gente que se interesa por capacitarse sin ser propiamente un empleado del sobre todo cuando no están dando resultados.
El tercer punto de este ensayo es la lentitud del apoyo del gobierno federal para que cada estado cuente con intérpretes certificados. Vemos casos aislados como se mencionó en líneas previas en los que algunos avances se han dado en materia, pero en todos ellos sigue pendiente el tema de que las procuradurías de justicia contraten intérpretes indígenas e incluso defensores de oficio bilingües para garantizar la imparcialidad.
Estamos en un momento importante de nuestra transición en donde impera el desconocimiento en general del aparato legal mexicano aun así las minorías tienen voz, los homosexuales buscan aprobación del matrimonio, los consumidores de marihuana proponen se legalice, entre otras cosas y es momento de darnos cuenta a quiénes más tenemos en la desprotección del desconocimiento, por una parte la ley es muy clara con la consabida frase: “El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”, pero es justamente ahora cuando debemos darles armas a nuestros indígenas e incluirlos en la dinámica nacional.
Finalmente, si las autoridades no logran dar el gran paso entre informar y no hacerlo es como si estuviera anulando a los indígenas, es como si estuviera restándole importancia a sus dialectos, a sus usos y costumbres, es como si se avergonzara de tener raíces, por eso es que resulta primordial que los organismos judiciales reconozcan la carencia de personal calificado como intérprete para casos en que se vean involucrados indígenas o personas de alguna etnia y que estas a su vez tengan un trato justo, se les otorgue una defensa y la ley sea tan pronta y expedita como para cualquier persona que viva en la ciudad, es urgente que se dedique parte de la inversión estatal para agilizar esas frágiles propuestas y convertir vagas quimeras en realidad.
