Si la escritura es un arte que se practica a lo largo de la vida, algo que se logra depurar con la práctica y las lecturas, deberían darles a las autoridades las reglas básicas para comunicar sus acuerdos.
El MP y otras instituciones gubernamentales aunque de fondo hagan sus evaluaciones a los diferentes postulantes de su equipo laboral y cursos de actualización, deben obligarlos a ser buenos codificadores y decodificadores de mensajes, es decir, se les debe proveer de herramientas que los hagan redactar con claridad, expresarse de mejor manera, hacer uso oportuno de los tecnicismos y sobre todo en el sistema jurídico del país.
Necesitamos tener las cosas claras, debemos saber cómo nos favorecen las leyes y en el mismo sentido debemos saber cuáles son las sanciones a las que nos hacemos acreedores en el caso de infringirlas.
En mi estado, lo digo con conocimiento de causa, los razonamientos, acuerdos y los expedientes en su totalidad eran sendos machotes mal redactados y mal copiados e ininteligibles, hacía falta bucear en la ley para sustentar lo dicho, peor era cuando se trataba de enviar el expediente al juez en turno quien muy seguramente se quemaba el seso al tratar de desentrañar tremendas investigaciones ministeriales.
Por otra parte, el gobierno al ver semejantes lagunas y aberraciones decidió contratar licenciados en letras para darles una gran ayuda.
Mi última reflexión es: si eso pasa en una sociedad con el idioma, cómo les irá a los pobres indígenas que no tienen intérpretes y obviamente no hablan el español.
¿Cuántos inocentes habrá en los penales? ¿Cuántos más “usted disculpe”?
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